Los delitos contra la Salud Pública

Abogados penalistas Madrid- Delitos de tráfico de drogas

Contemplado por el artículo 43 de la C.E., el derecho a la protección de la salud se ve amparado por el capítulo III “De los delitos contra la salud pública” del Título XVII “De los delitos contra la seguridad colectiva” del Código penal.

En este artículo, se enfocará en el tipo de delitos relacionados a las drogas u otras sustancias estupefacientes, regulados por los artículos 368 a 378 del Código penal.

Para empezar, cabe analizar el tipo básico del delito. Se incrimina el cultivo, la elaboración y el tráfico de drogas tóxicas, estupefacientes o sustancias psicotrópicas, así como la promoción, la ayuda o la facilitación del consumo de esas drogas.

La posesión de drogas con esos fines, es decir no sólo para el consumo propio del interesado, será castigada de la misma manera.

Se contemplan penas de prisión de tres a seis años y multa equivalente al triplo del valor de la droga objeto del delito si el producto o la substancia hallada causa grave daño a la salud, y penas de prisión de uno a tres años y multa equivalente al duplo en los demás casos (artículo 368).

Agravantes

Cabe mencionar que en caso que se recurriera a menos de 18 años o a disminuidos psíquicos para la comisión de las conductas ilícitas descritas, se impondrá la pena superior en uno o dos grados, así como si se tratara de conductas consideradas como de extrema gravedad, debido a la cantidad muy importante de productos ilícitos, al uso de naves o barcos para el transporte de las drogas, o al comercio por medio de una red internacional  (artículo 370). Ante tales circunstancias, la multa será del triple del valor de la droga objeto del delito.

Sin embargo, este mismo artículo 368 establece una excepción para imponer la pena inferior en grado, si las circunstancias personales del interesado lo justifican o si la conducta ilícita denunciada se puede considerar baladí. Para esta aplicación, el juez tendrá en cuenta la personalidad propia del autor, es decir su estatuto de drogadicto, sus antecedentes penales, la cuantidad de sustancias encontradas en su posesión…

Al contrario, el artículo 369 prevé que se impondrá la pena en su grado superior y multa equivalente a cuatro veces el valor de la droga objeto del delito si el autor del último presenta una o varias características entre las siguientes:

  • El autor tiene un empleo que justifica una severidad más alta, dado la entidad que representa (autoridad, funcionario público) o su interacción con gente vulnerable y las valores que se supone que trae (trabajador social, educador, etc.), o realizó la conducta en un establecimiento abierto al público donde trabaja.
  • El autor facilitó las sustancias incriminadas a menores de 18 años o a otras personas consideradas como vulnerables, a saber disminuidos psíquicos o personas con antecedentes de drogadicción sometidas a tratamiento de deshabituación o rehabilitación. También se impondrá el grado superior si los hechos se produjeron en centros para el tratamiento de personas que padecen de drogadicción, en centros penitenciarios o en entidades militares.
  • La cantidad de producto encontrado fue de notaria importancia, o el producto fue adulterado o manipulado, generando un riesgo aumentado para la salud.
  • El autor utilizó la violencia o exhibió armas para llegar a sus fines.

Se agravan aún más las penas cuando, como lo dispone el artículo 369 bis del Código penal,  el autor pertenece a una banda delictiva, lo que significa que pertenece a una entidad de crimen organizado. Si el agravante es aplicable al autor, las penas contempladas serán entonces de nueve a doce años de prisión y la multa se elevará al cuádruple del valor de la sustancia objeto del delito si se trata de una sustancia que causa grave daño o de cuatro años y seis meses a diez años y la misma multa en los demás casos. Las cabezas de tal organización o las personas cuyo papel en su seno es clave se verán castigados por las penas superiores en grado.

Cuando los hechos fueron realizados por un funcionario público, un trabajador social, un docente, un empresario, un médico, un psicólogo, etc. en el ejercicio de su cargo, profesión u oficio, se le impondrá, por añadidura, una pena de inhabilitación especial para empleo o cargo público, profesión u oficio, industria o comercio, de tres a diez años (artículo 372).

Parece relevante mencionar que la provocación, la conspiración y la proposición para cometer las conductas descritas a lo largo de este artículo serán también castigadas, por una pena inferior en uno o dos grados a la que corresponda. El castigo de estos meros hechos, que no resultan en la realización activa del cultivo, de la elaboración o del tráfico de drogas, estupefacientes o sustancias psicotrópicas, demuestra una fuerte voluntad de prevenir esas conductas. La protección de la salud pública es amparada de manera estricta, para evitar la circulación y el consumo de drogas, que tiene repercusiones graves sobre la salud física y mental de sus consumadores.

Por otro lado, y siguiendo el mismo objetivo, el arrepentimiento activo del acusado podrá permitirle la imposición de una pena inferior en uno o dos grados. Se supone que esa indulgencia fomentará a los interesados empezar un tratamiento para salir de su adicción.

En fin, para los que se puedan preguntar el destino de las drogas o sustancias halladas, esas serán decomisadas y destruidas una vez que se habrá fallado una sentencia firme –la destrucción anticipada impediría el análisis y la muestra de las pruebas, ya que la droga en sí misma es un elemento clave de la investigación y de la acusación, y constituiría una violación del derecho a la defensa. Por ejemplo, su peso y la naturaleza de las sustancias tienen un impacto fuerte sobre las penas contempladas, como lo pudieron notar.

Casos reales vistos en la Audiencia provincial de Madrid:

  • Tráfico de droga y pertenencia a una banda ilícita: un empleado de Correos, funcionario (agravante), estaba en cargo de vigilar la llegada de paquetes de drogas procediendo de América del Sur. La policía intervino su móvil y pudo escuchar como hablaba del hecho que uno de los paquetes no había llegado a la oficina de Correos. Para su defensa, dijo que la persona que le llamó era un cliente, y que él quería hacer su trabajo de manera correcta, y eso era la razón por la cual le había producido su número personal, y le contestaba a sus preguntas, aun si este cliente insistía demasiado. Su conversación con otra persona hablando de comprar cajas de chocolate por un importe total de 80€ supuestamente tampoco tenía que ver con drogas, pero admitió consumir cannabis de vez en cuando. No obstante, la aduana del aeropuerto de Barajas interceptó dicho paquete y encontraron cocaína escondida en granos de café. Por falta de más pruebas, el Fiscal decidió poner de lado la pertenencia a una banda ilícita.

 

  • Tráfico de drogas: encontraron a un joven consumiendo droga en su vehículo, y a su vez hallaron drogas de diferentes tipos: GHB, anfetaminas, meth, MDA, asi como sustancias licitas pero con los mismos efectos que unas drogas, en bolsitas de plástico como “en un supermercado”. Dice que era solamente para su consumo proprio y que en ningún caso esas cantidades se pueden considerar suficientes para poder ser calificadas de tráfico de drogas. El análisis de su orina sólo pudo demostrar huellas de cánnabis, y no padece de alteraciones de sus capacidades mentales. Peritos evaluaron el consumo habitual de un drogadicto, pero él dijo que consumaba mucho más y que esas cantidades le hacían “reír” y que deberían hacerle una prueba en el cabello para acreditar su consumo de esas drogas. El juez le contestó que era demasiado tarde, que ya no se trataba de la fase de investigación. El Fiscal pidió cuatro años y medio de prisión. El letrado de la defensa dijo que ningún acto de venta ni de proposición de droga podía ser probado, y que además su cliente era drogadicto y no presentaba ninguna señal de peligrosidad, y que por consecuente no pertenecía a la prisión.

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